Con el cambio en las metas de inflación el Gobierno apuntó a matar tres pájaros de un tiro: 1) relajar una pauta inflacionaria de difícil cumplimiento, que estaba en el centro de la escena por el riesgo de que se lime la erosionada credibilidad del esquema; 2) evitar tener que comenzar el año con el actual nivel de tasas de interés, que acentúa el sesgo financiero del modelo, encarece artificialmente el dólar y profundiza el déficit comercial; y 3) lograr una mayor coordinación del Gabinete económico «encuadrando» las metas del BCRA bajo la conducción de la Jefatura de Gabinete. En primer lugar, cabe destacar que los anuncios son un paso en la dirección correcta: el permanente endurecimiento de la política monetaria producto de metas de inflación cada vez más estrictas -que además se incumplen- es una de las principales causas del sesgo financiero del modelo. Además, y pese a que puede interpretarse como una pérdida de autonomía del BCRA (que en solitario tenía a su cargo la política antiinflacionaria), avanzar hacia una mayor coordinación de los distintos»brazos» de la política económica es condición necesaria (aunque no suficiente) para un crecimiento equilibrado. Sin embargo es también menester señalar hacia adelante la presencia de al menos dos riesgos de corto plazo y dos de mediano y largo plazo. El primer riesgo de corto plazo hace a la creencia en las «soluciones mágicas». Resulta claro que, como se mencionó, la falta de coordinación y el esquema de tasas altas obtura el sesgo productivo con creación de empleo al que aspiramos. Sin embargo, creer que el mero corrimiento de la meta es lo que mágicamente corregirá este problema sería un exceso de simplismo. Por un lado, porque para asegurar coordinación plena en la política económica (entendiendo los efectos cruzados para direccionarlos en el sentido deseado) se necesita abarcar a la totalidad de las áreas, y esta señal estuvo ausente en la conferencia de los anuncios. En este sentido, en esa mesa faltaban, al menos, los ministros de Trabajo, Energía, Producción y Transporte, y el secretario de Comercio. Por otro lado, porque implica creer que toda la responsabilidad de los resultados económicos recaía sobre el BCRA y su presidente, cuando en una lógica de compartimentos estancos cada decisor se ocupa de su «metro cuadrado». El segundo riesgo de corto plazo es si por las subas programadas (tarifas, prepagas, etc.) y el corrimiento del dólar (producto de lo ya ocurrido y la «calibración» a las nuevas metas) la inflación desborda el actual objetivo, las nuevas metas tampoco alcancen, el BCRA reaccione volviendo a subir las tasas y retornemos a «foja cero», habiendo brindado señales de incertidumbre y desequilibrios, y pagado costos sociales en el medio. Este riesgo puede impactar también al consumo, ya que si la inflación se desborda puede ocurrir que las nuevas metas no sirvan de faro para las paritarias o si lo hacen (por caso si se firman aumentos de 15% sin cláusula gatillo) terminemos con caídas en el poder adquisitivo. En otras palabras, los desafíos para el corto plazo radican en que se crea que «con esto alcanza», y terminemos en el mismo punto de partida, pero en un nivel nominal (precios y dólar) más elevado. Esto muestra que en el fondo lo que permanece inalterado es un esquema económico que claramente no va por el buen camino. Y esto nos lleva a alertar acerca de dos de los riesgos de largo plazo que consideramos centrales. El primero es la permanente comparación con el pasado. No caben dudas de que el punto de partida que heredó el actual Gobierno era complejo y que el rumbo que se transitaba hasta 2015 era insostenible y necesitaba ser corregido. Sin embargo, la permanente comparación con aquel momento nubla la visión del «deber ser» al que debemos apuntar: la vara con la que medimos las acciones y los resultados necesariamente debe ser elevada si queremos transformar nuestra dolorosa realidad. ¿Por qué este riesgo es importante? Porque, por ejemplo, conformarnos con tener en 2018 la inflación más baja de los últimos 10 años desvía el foco de que la Argentina registrará por doceavo año consecutivo una de las 10 tasas de inflación más elevadas del mundo. Lo mismo ocurre si nos concentramos en que en 2018 posiblemente la economía crezca por segundo año consecutivo pero no nos fijamos en que es un proceso de crecimiento aún chato y con poco derrame social; de hecho, en 2018 el producto por habitante será apenas 1% superior al de 2010, cuando en el mundo será 21% y en la región algo por encima del 5%. En igual error conceptual caemos al comparar las estadísticas, la política energética o el relacionamiento internacional. El segundo de los riesgos de largo plazo es la necesidad de un fortalecimiento institucional. Este punto es obviamente central ya que sin instituciones fuertes no existe el largo plazo, y se relaciona con el anterior ya que la permanente comparación con el pasado, que colocó esa vara muy baja, puede llevarnos a relajar las exigencias en materia institucional. Un claro ejemplo de esto es el Presupuesto. Luego de casi una década en la cual la cuarta parte de los presupuestos se decidió por fuera del Congreso (con ampliaciones por $1 billón en 2007-2015), y el 70% de esas ampliaciones fueron por Decreto de Necesidad y Urgencia, hacia fin de 2016 comenzó a transitarse un camino de normalización institucional en esta materia, con proyecciones macroeconómicas más creíbles, mayores requerimientos de información y restricción a los superpoderes.
Lamentablemente estamos hoy transitando el camino inverso: el Presupuesto de gastos primarios 2017 será 8,6% superior al sancionado (vs. el 2,8% proyectado por el Gobierno), aunque con el fuerte desvío en intereses la ampliación total alcanzará 11,4%; el Presupuesto 2018 tiene menos requerimientos de información (como el programa financiero del artículo 34°) y vuelve a ampliar los «superpoderes»; y, más importante aún, el Presupuesto 2018 no contempla plenamente el impacto de la reforma tributaria y previsional, el Pacto Fiscal y las nuevas metas de inflación. Por eso es que propusimos en el debate que se presente en marzo en el Congreso una actualización del Presupuesto, y en la negativa se vislumbró claramente la utilización de la baja vara de comparación. En definitiva, y volviendo al principio, el corrimiento de la meta de inflación no solucionará mágicamente los problemas: la solución necesariamente debe pasar por pensar en políticas de largo plazo, para lo cual es necesario fortalecer la institucionalidad (lo que implica no convalidar retrocesos) y tener objetivos ambiciosos, sin comparar siempre con la vara baja. Resulta claro entonces que las soluciones sólo vendrán a través de profundos cambios al esquema o lógica de funcionamiento económico, entendiendo que sólo fomentando el consumo o sólo buscando inversiones que derramen volveremos a caer en desequilibrios y no lograremos torcer la realidad social. Para lograr un crecimiento sostenible con inclusión social necesitamos volver a poner al mercado interno como tronco central y a la inversión y las exportaciones como sus tutores, apuntar a alcanzar y mantener equilibrios macroeconómicos en un marco de crecimiento sólido, y a través de un Estado fuerte articular las distintas políticas (empleo, capacitación, innovación, etc.) que vayan solucionando los problemas estructurales y anticipándonos a la economía del futuro. La fijación del rumbo económico obviamente corresponde al Poder Ejecutivo. Nosotros desde el Congreso sugeriremos medidas que apunten al camino que deseamos, pero es crucial entender que la realidad no se cambia por Ley.
En este sentido, en 2018 seguiremos insistiendo con nuestras propuestas, en cuyo centro se encuentran el consumo interno, los sectores más vulnerables, los trabajadores, los jubilados y las pyme. Insistiremos con el Plan Bajemos los Precios, que tiene eje en el aumento de la competencia,en la reducción de distorsiones en las cadenas de valor y en la reducción de impuestos regresivos sobre bienes básicos, ya bogaremos por la ampliación del régimen de reintegro a las compras con tarjetas para sectores vulnerables, con eje en el fomento del mercado interno. En términos productivos insistiremos con las medidas de estímulo a las pyme, como la moratoria impositiva, los estímulos para pymes exportadoras y la plena reglamentación de la Ley PyME; en materia de empleo,con medidas para la reducción del trabajo informal, empleo joven, reinserción del empleo adulto y la creación de una agencia centralizada de capacitación (hoy hay muchos programas de formación pero descoordinados entre sí). También, como es necesario prevenir los riesgos en lugar de correr detrás de los hechos como muchas veces en nuestra historia, insistiremos en avanzar con urgencia con nuestro proyecto de protección de deudores hipotecarios UVA, dada la dinámica inflacionaria que vislumbramos hacia adelante. Estos cambios deberían plantearse en el marco de un acuerdo económico y social, que venimos insistiendo hace años, ya que sólo por la vía del consenso es que comenzaremos a resolver los profundos problemas que arrastramos. En materia institucional también hay mucho por hacer, y por eso insistiremos con una ley rectificatoria del Presupuesto en marzo,en la modificación la ley de DNU para acotar y mejorar la justificación en el uso de los mismos, y en un tope a los intereses nacionales de deuda (como se exigió a las provincias).Para concluir, sabemos que éstas tampoco son «soluciones mágicas» para nuestros problemas. Pero estamos convencidos que, por su profundidad, la solución siempre pasará por el consenso y nunca por la imposición de posturas. En este sentido, esperamos que lo que más abunde en este 2018 que comienza sea la voluntad de diálogo.
